El Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Salta ya alcanza las 2.080 personas, unas 400 más que a comienzos de año. Detrás de la cifra hay una pregunta que excede cualquier discusión entre adultos: ¿hasta dónde debe llegar la Justicia cuando un padre o una madre no cumple con una obligación que tiene como destinatarios a sus propios hijos?
2.080 nombres y una cifra que interpela
El Registro de Deudores Alimentarios de Salta pasó de unas 1.680 personas a principios de 2026 a 2.080 en la actualidad. El crecimiento ronda las 400 inscripciones en pocos meses.
Pero hay otro dato que quizás resulte todavía más revelador: las bajas son escasas. Según informó Blanca Ferri, secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, se producen en promedio una o dos por mes y, como máximo, cuatro.
No se trata solamente de una estadística judicial. Cada inscripción representa una obligación alimentaria que llegó a un punto de incumplimiento después de atravesar distintas instancias de reclamo.
Y detrás de cada expediente hay una familia.
La cuota alimentaria no es un favor
Existe una idea instalada que muchas veces convierte la cuota alimentaria en una suerte de ayuda económica que un progenitor le entrega al otro. Pero jurídicamente no funciona así.
El Código Civil y Comercial establece que ambos progenitores tienen la obligación de criar, alimentar y educar a sus hijos, independientemente de quién tenga a su cargo el cuidado cotidiano. La obligación comprende alimentación, vivienda, educación, vestimenta, asistencia médica, esparcimiento y otros gastos necesarios para su desarrollo.
Además, las tareas de cuidado cotidiano también tienen valor económico.
Por eso, cuando una persona no cumple con la cuota que le corresponde, el problema no es simplemente que “no le pasa plata a su ex”. El incumplimiento puede trasladar sobre el otro progenitor una carga económica que debería ser compartida.
Y, fundamentalmente, puede afectar directamente las condiciones de vida de los hijos.
¿Cuánto tiene que aguantar una familia antes de pedir que intervenga la Justicia?
En Salta, llegar al Registro no constituye el primer paso. Antes existen instancias de conciliación, mediación, reclamos judiciales, intimaciones y apercibimientos.
La propia Justicia provincial define al Registro como una herramienta disuasiva, no como un mecanismo destinado exclusivamente a castigar. La inscripción procede frente a determinadas situaciones de incumplimiento de cuotas fijadas judicialmente.
Esto introduce una cuestión incómoda.
Si después de mediaciones, acuerdos, intimaciones y decisiones judiciales una persona continúa sin cumplir, ¿cuánto más debe esperar quien tiene a su cargo a los hijos?
Porque mientras los adultos discuten, los gastos siguen existiendo.
Hay que comer. Hay que vestirse. Hay que pagar una vivienda. Hay que comprar medicamentos. Hay que ir a la escuela. Hay que trasladarse. Hay cumpleaños, útiles, tratamientos, actividades y necesidades que no pueden quedar suspendidas hasta que los padres resuelvan sus diferencias.
Cuando el conflicto entre adultos termina afectando a los hijos
Uno de los aspectos más delicados de estos procesos es que muchas veces el incumplimiento aparece en contextos de separación y conflictos familiares.
Puede haber discusiones sobre el monto de la cuota, problemas económicos reales, pérdida de empleo o trabajo informal. También pueden aparecer desacuerdos sobre el régimen de comunicación o sobre quién afronta determinados gastos.
Pero una cosa es atravesar una dificultad económica y otra distinta es utilizar el incumplimiento como parte de un conflicto entre adultos.
La propia Secretaría de Derechos Humanos de la Corte advirtió que en estos procesos los principales afectados son las personas vulnerables, especialmente niños, adolescentes y personas con discapacidad. Ferri señaló que el problema económico puede sumarse al impacto emocional de la ruptura familiar y terminar generando una nueva forma de revictimización.
¿Y si no tiene dinero?
Esta es probablemente una de las discusiones más importantes.
La obligación alimentaria debe establecerse considerando tanto las necesidades de quien recibe los alimentos como las posibilidades económicas de quien debe pagarlos. Por eso, una dificultad económica genuina no debería ser tratada de la misma manera que una decisión deliberada de incumplir.
El problema aparece especialmente con el trabajo informal, donde resulta más difícil determinar ingresos y aplicar embargos.
La Justicia salteña contempla diferentes herramientas. En determinados casos puede disponerse el embargo de ingresos o de fondos en billeteras virtuales, restricciones para determinados actos sobre bienes e incluso la prohibición de salir del país.
También pueden discutirse aportes en especie, como el pago de una cuota escolar, actividades o determinados gastos. Pero esos mecanismos deben ser evaluados judicialmente y no significan automáticamente que el obligado quede liberado de la cuota establecida.
La cuestión central debería ser siempre la misma: que las necesidades de los hijos estén cubiertas.
¿Hasta dónde tiene que llegar el Estado?
Salta ya cuenta con mecanismos que van más allá de una simple anotación en una lista. Las personas incluidas en el Registro pueden enfrentar restricciones previstas por la legislación provincial.
Una de ellas llegó incluso al fútbol: quienes figuran como deudores alimentarios pueden ser impedidos de ingresar a determinados partidos mediante controles articulados con Tribuna Segura. La medida está vigente en la provincia desde hace más de un año.
Puede parecer una medida simbólica, pero encierra una pregunta más profunda: si alguien no cumple una obligación hacia sus hijos, ¿qué tipo de límite puede generar un incentivo suficiente para que finalmente lo haga?
Y la respuesta no necesariamente pasa por endurecer cada vez más las sanciones.
También implica mejorar los mecanismos de detección de ingresos, acelerar los procesos, facilitar los acuerdos sostenibles, garantizar asesoramiento y evitar que una familia tenga que atravesar años de trámites para conseguir algo tan básico como que ambos progenitores contribuyan a sostener a sus hijos.
La responsabilidad no termina con una separación
Una separación puede poner fin a una pareja. No pone fin a la responsabilidad parental.
Ese debería ser uno de los puntos centrales de cualquier discusión sobre alimentos.
La crianza puede organizarse de diferentes maneras. Los hijos pueden vivir con uno de los progenitores, alternar entre ambos hogares o mantener distintos esquemas de cuidado. Pero las necesidades económicas continúan existiendo y deben ser asumidas de acuerdo con las posibilidades de cada adulto.
Por eso resulta problemático que la obligación alimentaria pueda convertirse en una herramienta de presión, castigo o negociación entre quienes alguna vez fueron pareja.
Los hijos no deberían quedar en el medio de una disputa que no eligieron.
Más que castigar, lograr que se cumpla
El dato de los 2.080 deudores plantea una conclusión que va más allá de pedir sanciones cada vez más duras.
Si el objetivo del Registro es disuadir, pero las inscripciones siguen creciendo y las bajas son muy pocas, también vale preguntarse si las herramientas existentes están consiguiendo el resultado buscado o si hace falta fortalecer los mecanismos de cumplimiento.
Porque una sanción puede impedir entrar a una cancha. Puede generar una restricción administrativa. Puede dificultar determinados trámites.
Pero ninguna de esas medidas alimenta a un chico.
El verdadero objetivo debería ser que la cuota llegue, que la vivienda pueda sostenerse, que haya alimentos en la mesa, que los tratamientos médicos puedan pagarse y que la educación no dependa de cuál de los dos adultos decidió cumplir.
La pregunta, entonces, quizás no sea solamente hasta dónde tiene que llegar la Justicia para sancionar a un deudor alimentario.
Es hasta dónde tiene que llegar una sociedad para garantizar que un niño no tenga que pagar las consecuencias de que dos adultos no hayan podido resolver sus responsabilidades.
Porque cuando se llega a una lista de 2.080 personas, el problema ya no puede mirarse solamente como una colección de conflictos familiares individuales. También es una discusión sobre responsabilidad, derechos y sobre la capacidad del Estado para hacer efectivo algo que, en principio, nunca debería haber necesitado una sanción para cumplirse: hacerse cargo de los propios hijos.
