Con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa endurece las condiciones para las expropiaciones estatales y agiliza los desalojos, pero también incorpora la restitución de la Ley de Tierras Rurales. En paralelo, la reforma de la Ley de Manejo del Fuego que había impulsado el Gobierno fue retirada durante su tratamiento en el Senado.
Desalojos más rápidos y mayores restricciones a las expropiaciones
El proyecto establece procedimientos judiciales sumarísimos para acelerar la recuperación de inmuebles ocupados y modifica las condiciones bajo las cuales el Estado puede expropiar propiedades por razones de utilidad pública. Entre otros cambios, incorpora requisitos más estrictos para fundamentar esas decisiones y contempla modificaciones en el cálculo de las indemnizaciones.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa busca reforzar la seguridad jurídica de los propietarios. Sectores opositores advierten, en cambio, que acelerar los desalojos y encarecer las expropiaciones puede reducir herramientas estatales para intervenir en conflictos habitacionales y desarrollar políticas de interés público.
La Ley de Tierras vuelve al centro del debate
Uno de los cambios más significativos fue la incorporación de un capítulo que deja sin efecto la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, y restituye sus restricciones a la titularidad extranjera. La norma establece, entre otras disposiciones, un límite general del 15% de tierras rurales en manos extranjeras en los niveles territoriales previstos por la legislación.
La restitución representa un cambio respecto de la desregulación impulsada originalmente por el Gobierno mediante el DNU 70/2023. La presión política, social y parlamentaria fue determinante para que se incorporara esta modificación. Sin embargo, el proyecto todavía debe volver al Senado porque Diputados introdujo cambios: aún no es ley.
Ley de Manejo del Fuego: qué se intentó modificar
La discusión también obliga a recuperar un capítulo que el Gobierno había intentado incorporar al proyecto original: la modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. La propuesta buscaba flexibilizar restricciones sobre terrenos afectados por incendios, especialmente las limitaciones al cambio de uso del suelo y a determinadas operaciones inmobiliarias o productivas posteriores al fuego.
La legislación vigente establece, en su artículo 22 bis, una prohibición de 60 años para modificar el uso y destino de determinadas superficies incendiadas, subdividirlas o desarrollar emprendimientos inmobiliarios en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas y humedales, con los alcances que fija la norma. Otras disposiciones contemplan restricciones para terrenos rurales afectados por incendios. Estas medidas buscan evitar que el fuego se convierta en una vía para cambiar el destino de un territorio y proteger las condiciones necesarias para su recuperación ambiental.
El capítulo que proponía modificar ese régimen fue retirado en agosto durante el tratamiento en el Senado, ante la falta de apoyo suficiente. Por eso, la reforma de la Ley de Manejo del Fuego no integra el texto aprobado por Diputados el 21 de octubre. Las restricciones vigentes no fueron eliminadas por esta votación.
La propiedad privada y el interés colectivo
El debate expone una discusión que va más allá de la protección jurídica de los bienes. También involucra el acceso a la vivienda, la capacidad del Estado para realizar obras de interés público, la soberanía sobre las tierras rurales y la protección de ecosistemas afectados por incendios.
La propiedad privada es un derecho reconocido constitucionalmente, pero las reglas que la regulan también definen cómo se resuelven los conflictos entre intereses particulares y necesidades colectivas. El desafío legislativo es establecer garantías claras sin debilitar la protección ambiental ni desconocer las consecuencias sociales de los desalojos y las restricciones a la intervención estatal.
La aprobación en Diputados abre una nueva etapa de discusión en el Senado. El resultado definitivo determinará qué cambios entran en vigencia y cuáles quedan fuera de la legislación.
