El Gobierno de Javier Milei consiguió este miércoles dos avances importantes en la Cámara de Diputados: la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y del proyecto denominado Inocencia Fiscal II. Ambas iniciativas forman parte de una estrategia que busca profundizar el rumbo económico del oficialismo, limitar el financiamiento monetario del Tesoro y reducir las herramientas de fiscalización sobre determinados contribuyentes.
Un Banco Central con menos margen de intervención
La reforma del BCRA obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. El proyecto establece límites más estrictos para que el Banco Central pueda financiar al Tesoro y busca concentrar su objetivo institucional en la preservación del valor de la moneda.
Para el Gobierno, se trata de una herramienta para evitar que los déficits fiscales vuelvan a financiarse mediante emisión monetaria y, de esa manera, fortalecer la estabilidad de precios.
Sin embargo, la discusión también plantea otra pregunta: ¿qué capacidad tendrá el Estado para intervenir frente a futuras crisis económicas si se reducen las herramientas del Banco Central?
Inocencia Fiscal II: simplificar o controlar menos
El segundo proyecto consiguió 139 votos positivos, 110 negativos y 2 abstenciones y ahora deberá ser tratado por el Senado. La iniciativa elimina los actuales límites de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado de Ganancias y establece nuevas condiciones para que ARCA pueda cuestionar las declaraciones de los contribuyentes.
El oficialismo sostiene que la medida busca generar confianza, incentivar la formalización de ahorros y facilitar la incorporación de dinero que actualmente se encuentra fuera del sistema financiero.
Entre sus principales cambios, se establece que ARCA deberá acreditar determinadas diferencias para impugnar una declaración y se limita el uso de algunas presunciones fiscales.
El debate sobre quién se beneficia
La discusión política aparece justamente en este punto.
Para el Gobierno, otorgar mayor previsibilidad al contribuyente puede incentivar la formalización y generar recursos que vuelvan a circular dentro de la economía.
Desde la oposición, en cambio, se advierte que reducir las herramientas de fiscalización podría favorecer especialmente a quienes poseen mayores patrimonios y capacidad para ocultar ingresos o activos. Algunos legisladores calificaron la iniciativa como una forma de acercamiento a un nuevo blanqueo y cuestionaron que pueda debilitar la capacidad de ARCA para perseguir evasión.
La cuestión central, entonces, no es solamente cuánto se simplifica el sistema, sino qué controles conserva el Estado para garantizar que la simplificación no termine convirtiéndose en una puerta para la evasión.
Un nuevo capítulo del modelo económico de Milei
Las dos reformas tienen algo en común: buscan modificar la relación entre el Estado y el sector privado.
La estrategia oficial apunta a reducir la intervención estatal, limitar la emisión y otorgar mayor libertad a quienes producen, invierten y administran sus recursos.
Es una definición ideológica además de económica. El Gobierno considera que un Estado con menos capacidad de intervención puede generar mayores incentivos para la inversión y la actividad privada.
Sus críticos sostienen que reducir controles y herramientas públicas no garantiza por sí mismo una economía más equitativa y puede trasladar mayores riesgos hacia la sociedad.
El Congreso vuelve a ser el escenario de la disputa
La aprobación también representa un triunfo político para el oficialismo, que logró reunir apoyos de distintos bloques y avanzar después de semanas de negociaciones con sectores aliados. La votación demuestra que La Libertad Avanza puede construir mayorías parlamentarias cuando articula acuerdos con otros espacios.
Ahora ambas iniciativas pasan al Senado, donde deberán superar una nueva instancia de negociación.
La pregunta que queda abierta
En definitiva, estas reformas no deberían analizarse solamente desde los números de una votación.
Detrás de la discusión sobre el Banco Central, ARCA, impuestos y emisión monetaria existe una cuestión mucho más profunda: qué Estado necesita la Argentina para crecer y, al mismo tiempo, proteger a quienes quedan más expuestos frente a las crisis económicas.
El Gobierno apuesta a que menos intervención, mayor libertad económica y reglas fiscales más simples generen inversión y crecimiento.
El desafío será demostrar que ese crecimiento no quede concentrado en quienes ya tienen capacidad de ahorro, sino que pueda traducirse también en más empleo, mejores ingresos y una mejora concreta en la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos.
