El femicidio de Denise Viñabal, de 27 años, asesinada por su expareja, un efectivo de la Policía, en un Centro de Mediación de Chicoana, expone una falla institucional que exige respuestas urgentes. Según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Salta registra 12 femicidios confirmados en lo que va de 2026, el doble de los seis contabilizados durante todo 2025. Detrás de las cifras hay mujeres asesinadas, familias destruidas y un sistema que necesita intervenir antes de que la violencia termine en tragedia.
Denise era madre de dos niñas. El jueves 19 de noviembre había concurrido al Centro de Mediación de Chicoana para participar de una instancia vinculada con cuestiones familiares junto a su expareja, Enrique Pascal, de 32 años, integrante de la Policía de Salta. Allí, el hombre le disparó y la mató. Horas después, tras escapar y ser localizado por un operativo policial, murió luego de dispararse con su arma.
El crimen ocurrió en un espacio institucional al que Denise había llegado para resolver una situación familiar. La escena vuelve especialmente doloroso el interrogante sobre qué mecanismos de protección existían y cómo pudo llegar a producirse un desenlace semejante.
Por el momento, no se informó oficialmente si había denuncias previas por violencia de género. Ese dato será fundamental para reconstruir los antecedentes y determinar qué señales pudieron existir antes del asesinato.
El doble de femicidios y una provincia que vuelve a encender las alarmas
La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq, confirmó que Salta ya registra 12 femicidios en 2026, frente a los seis contabilizados durante todo el año pasado. La provincia vuelve así a ubicarse entre las jurisdicciones con mayor cantidad de casos del país.
La funcionaria también hizo una aclaración importante: existen registros de 20 muertes violentas de mujeres durante este año, pero ocho continúan bajo investigación y no todas pueden calificarse como femicidios. La distinción es necesaria para comprender las estadísticas sin confundir hechos confirmados con casos todavía no esclarecidos.
Entre los datos que preocupan al Observatorio aparece una característica persistente: la mayoría de los asesinatos fueron cometidos por parejas o exparejas y ocurrieron dentro de las viviendas, espacios donde las mujeres deberían sentirse protegidas.
El problema, por lo tanto, no se limita a los episodios extremos. La violencia suele desarrollarse progresivamente, con amenazas, control, manipulación y agresiones psicológicas antes de llegar a situaciones de riesgo mortal.
La mediación no puede convertirse en un espacio de exposición para las víctimas
El lugar donde ocurrió el crimen abre otro debate urgente. La Ley Nacional 26.485 y la Ley Provincial 7.888 prohíben la mediación o conciliación en los trámites relacionados con situaciones de violencia contra las mujeres.
Esto no significa que toda instancia de mediación familiar esté prohibida, pero sí que cuando existe violencia de género deben activarse mecanismos de protección y evitarse procedimientos que expongan a la víctima frente a su agresor.
La muerte de Denise obliga a investigar bajo qué condiciones fue convocada, qué información tenían las instituciones sobre la relación y qué protocolos de seguridad se aplicaron. No alcanza con lamentar el resultado: es necesario esclarecer cómo se organizó esa instancia y si se cumplieron las obligaciones legales.
También debe considerarse un factor especialmente delicado: el agresor era integrante de la fuerza policial y tenía acceso a un arma de fuego. La evaluación del riesgo en situaciones de violencia que involucran a efectivos armados requiere controles y protocolos específicos.
Menos prevención, más desprotección
Pérez Declercq advirtió que las áreas municipales específicas de género disminuyeron considerablemente desde el cambio de gobierno nacional y que muchas fueron absorbidas por áreas generales de Desarrollo Social. También señaló la falta de campañas provinciales de prevención.
El señalamiento importa porque la prevención no se construye solamente con leyes o declaraciones institucionales. Requiere equipos especializados, presupuesto, capacitación, seguimiento de denuncias, asistencia psicológica y social, y coordinación entre salud, educación, Justicia y fuerzas de seguridad.
La directora del Observatorio recordó además que existe una normativa que obliga al personal de salud y educación a denunciar situaciones de violencia que detecten, incluso cuando no exista una denuncia directa de la víctima. Sin embargo, advirtió que muchos trabajadores desconocen el protocolo que los protege y establece cómo actuar.
La detección temprana puede marcar la diferencia. Una mujer que atraviesa violencia no siempre está en condiciones de denunciar, reconocer el peligro o reunir pruebas. Por eso, la responsabilidad de advertir las señales no puede recaer exclusivamente sobre ella.
No alcanza con declarar la emergencia: hay que actuar antes
Salta mantiene vigente la emergencia pública en materia social por violencia de género, renovada desde 2014. Sin embargo, la repetición de los crímenes obliga a revisar qué resultados están teniendo las políticas implementadas y qué recursos se destinan efectivamente a prevenirlos.
La violencia machista no es un problema privado ni una sucesión de hechos inevitables. Es una problemática social que requiere respuestas estatales sostenidas. Cuando los dispositivos de protección se debilitan, cuando las instituciones no comparten información o cuando las alertas no reciben seguimiento, las mujeres quedan más expuestas.
Denise tenía 27 años. Sus dos hijas quedaron sin su mamá. Su asesinato ocurrió en un lugar donde debía existir una instancia institucional para resolver un conflicto, no una situación de riesgo mortal.
Doce femicidios en un año no son solamente una cifra: son doce vidas que no pudieron continuar y familias atravesadas por una pérdida irreparable. Si la violencia puede anticiparse, el Estado tiene la obligación de llegar antes. No alcanza con investigar después, expresar condolencias o renovar una emergencia: hacen falta políticas concretas, equipos especializados y mecanismos de protección que funcionen cuando una mujer todavía está a tiempo de ser escuchada y protegida.