El Mercado San Miguel, entre la reconstrucción y las trabas judiciales

El Mercado San Miguel, entre la reconstrucción y las trabas judiciales

La Municipalidad asumió la recuperación del histórico Mercado San Miguel después del devastador incendio de noviembre de 2024, impulsó una reconstrucción integral y reordenó los espacios para que cientos de trabajadores pudieran continuar con sus actividades. Cuando la primera etapa ya alcanza el 70% de avance y se proyecta su apertura para 2027, una cautelar del juez Víctor Soria ordenó frenar las obras en el subsuelo. La medida reabre un conflicto con sectores vinculados a la antigua administración del mercado y plantea una pregunta incómoda: ¿por qué una obra que busca recuperar un espacio público y mejorar las condiciones de trabajo vuelve a quedar atrapada en disputas judiciales?

Del incendio a una reconstrucción que cambió el destino del mercado

El 6 de noviembre de 2024, un incendio de grandes dimensiones afectó aproximadamente un tercio de la estructura del Mercado San Miguel. El siniestro destruyó puestos, comprometió instalaciones y dejó al descubierto problemas estructurales, eléctricos y de seguridad que requerían una intervención profunda.

Frente a esa emergencia, la Municipalidad intervino el ente administrador y asumió la conducción del proceso de recuperación. La reconstrucción comenzó en junio de 2025 y, según los datos difundidos, contempla una inversión de alrededor de $9.000 millones, financiada por el municipio y la Provincia.

No se trató solamente de reparar lo que habían destruido las llamas. El proyecto incluyó una renovación integral de las instalaciones, reconstrucción de estructuras, nuevos puestos comerciales y gastronómicos, mejoras sanitarias, sistemas de seguridad contra incendios y recuperación del estacionamiento subterráneo.

Además, alrededor de 220 puesteros debieron ser reubicados en espacios provisorios para poder continuar trabajando mientras avanzaban las obras. La gestión municipal también habilitó un anexo comercial en 20 de Febrero 37 para garantizar la continuidad de las actividades.

Hoy, la primera etapa registra un 70% de avance y se proyecta su inauguración para los primeros días de 2027, con el regreso progresivo de los comerciantes.

La cautelar que vuelve a abrir un conflicto

En este contexto, el juez Víctor Raúl Soria ordenó suspender los trabajos en el subsuelo del mercado, donde la Municipalidad recupera el histórico estacionamiento vehicular.

La medida responde a una presentación de la Fundación San Miguel, vinculada al exadministrador José «Pepe» Muratore, que busca recuperar ese sector para la instalación de vendedores ambulantes.

La resolución no dispone expresamente el regreso de los manteros ni paraliza toda la reconstrucción, pero sí alcanza un espacio estratégico del proyecto: el estacionamiento que permitiría mejorar el acceso de los vecinos, facilitar las compras y ordenar la circulación dentro del mercado.

Desde la Municipalidad sostienen que la obra no se verá afectada y que el subsuelo debe recuperar su función original. Sin embargo, la decisión judicial vuelve a introducir incertidumbre sobre el destino de un sector cuya recuperación forma parte de una planificación más amplia.

Un dato que también genera interrogantes es que la medida fue dictada desde un juzgado del fuero de Familia, pese a que la controversia está relacionada con la administración de un mercado municipal y una obra pública. La cuestión merece explicaciones claras sobre la competencia judicial y los fundamentos de la resolución.

Un antecedente que vuelve a poner bajo la lupa la intervención judicial

No es la primera vez que Soria interviene en el conflicto por el Mercado San Miguel. En diciembre de 2024, pocas semanas después del incendio, había hecho lugar a otra cautelar presentada por Muratore y asociaciones de puesteros para frenar la intervención municipal y mantener al entonces administrador en su cargo.

Sin embargo, apenas 48 horas después, el propio magistrado dio marcha atrás, declaró abstracto el amparo y archivó el expediente.

Este antecedente vuelve inevitable preguntarse por la oportunidad, el alcance y los fundamentos de las decisiones judiciales que se toman alrededor de una institución cuya recuperación involucra a cientos de trabajadores y a toda la ciudad.

La independencia judicial es indispensable en una democracia, pero también lo son la claridad de los fundamentos, la previsibilidad y la responsabilidad institucional. Cuando una resolución puede condicionar una obra de esta magnitud, la sociedad tiene derecho a conocer por qué se toma, a quién beneficia y qué consecuencias puede generar.

Una obra pública no puede quedar rehén de disputas por el poder

El Mercado San Miguel no es solamente un edificio. Es una fuente de trabajo para cientos de familias, un espacio de abastecimiento para miles de salteños y parte de la identidad comercial de la ciudad.

Después del incendio, la Municipalidad debió afrontar una emergencia, organizar la continuidad laboral de los puesteros y encarar una reconstrucción de enorme complejidad. El desafío fue transformar un edificio dañado y con problemas de infraestructura en un mercado más seguro, moderno y funcional, sin perder su identidad.

Por eso, el debate no debería reducirse a quién administra un subsuelo o quién tiene capacidad de disponer de determinados espacios. La discusión central es qué modelo de mercado necesita Salta: uno ordenado, con condiciones adecuadas de higiene y seguridad, accesible para los vecinos y con reglas claras para quienes trabajan allí.

Resulta difícil de explicar que, después de una inversión millonaria, años de deterioro y el esfuerzo de cientos de comerciantes que tuvieron que trasladarse para seguir trabajando, la recuperación del mercado vuelva a quedar condicionada por disputas judiciales y administrativas. Las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, pero sin perder de vista a quienes más necesitan que la obra termine: los trabajadores y la comunidad salteña.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿quién se hace cargo de las consecuencias si estas decisiones terminan demorando una recuperación que la ciudad necesita?

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