El conflicto por el sistema de discapacidad atraviesa desde hace meses a familias, profesionales e instituciones. Ahora, el Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de Javier Milei vuelve a encender la discusión al proponer modificaciones sobre el esquema de prestaciones, aranceles y pensiones. En Salta, donde el funcionamiento de instituciones y programas depende en parte de estos fondos, la discusión nacional también tiene consecuencias concretas.
Una crisis que no empezó esta semana
La situación de las personas con discapacidad y de quienes trabajan en su atención viene atravesando un conflicto sostenido desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Durante 2025, las organizaciones del sector denunciaron dificultades para sostener prestaciones, aranceles que quedaban por debajo de los costos y demoras en distintos componentes del sistema.
El Congreso terminó sancionando la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, publicada en septiembre de 2025 y vigente hasta diciembre de 2026. El Gobierno intentó frenarla mediante un veto, pero posteriormente una decisión judicial ordenó avanzar con su aplicación.
Desde entonces, la discusión no quedó cerrada. Las organizaciones sostienen que la emergencia fue implementada de manera incompleta y que persisten problemas vinculados con los valores de las prestaciones, compensaciones y pensiones. El Gobierno, por su parte, cuestiona parte de ese diagnóstico y sostiene su propia interpretación sobre la situación presupuestaria y administrativa del sistema.
El nuevo capítulo: el Presupuesto 2027
El conflicto volvió a escalar esta semana con la presentación del proyecto de Presupuesto 2027.
Uno de los puntos centrales es la modificación del llamado nomenclador único, que establece criterios para determinar los valores de las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad. El proyecto elimina el principio de valores universales y plantea un esquema en el que los aranceles ya no tendrían necesariamente una referencia común para todo el país.
En la práctica, el cambio abre la posibilidad de que prestadores tengan que negociar sus valores de manera individual con obras sociales, prepagas u organismos públicos. Para las organizaciones del sector, esto puede generar diferencias entre provincias y entre financiadores, en un sistema que hasta ahora buscaba sostener criterios comunes.
También se modifica el mecanismo de actualización de los aranceles. El debate, entonces, no pasa solamente por cuánto dinero se destina al área, sino por cómo se determina cuánto vale una prestación y quién establece ese valor.
Pensiones y acceso al sistema: otro punto sensible
El proyecto también propone cambios en el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad.
Entre las modificaciones planteadas aparece una nueva definición de la prestación y condiciones vinculadas al empleo formal y a los regímenes simplificados. El debate genera preocupación porque muchas personas con discapacidad necesitan combinar una pensión con alguna forma de trabajo para sostener su autonomía económica.
La discusión plantea así una pregunta que excede cualquier número presupuestario: ¿el sistema debe funcionar como una red de protección que acompañe diferentes niveles de autonomía o como un beneficio condicionado a una situación de incapacidad para trabajar?
La respuesta que surja del Congreso tendrá consecuencias sobre miles de personas y familias.
Salta ya conoce las consecuencias de la demora de fondos
En Salta, la discusión nacional no es abstracta.
En abril de este año, el Gobierno provincial informó que, después de gestiones ante Nación, se destrabaron partidas correspondientes a 2026 destinadas a discapacidad. Según los datos oficiales, esos fondos alcanzaron a 1.251 personas, 43 instituciones y el transporte especializado de la provincia. La propia Provincia había señalado que la demora ponía en riesgo la continuidad de tratamientos y el funcionamiento de instituciones.
Esto permite dimensionar qué significa una discusión presupuestaria cuando baja al territorio: detrás de una partida nacional hay centros de día, profesionales, transportistas, acompañantes, terapeutas, familias y personas que necesitan que una prestación continúe de manera regular.
En septiembre, además, Salta puso en marcha un programa provincial de traslado accesible para facilitar el acceso de personas con discapacidad a controles médicos y trámites vinculados con el Certificado Único de Discapacidad.
Familias y prestadores: el miedo a que el sistema se achique
Mientras el Congreso debate, las familias siguen reclamando que las prestaciones no se interrumpan.
En las movilizaciones realizadas durante septiembre, organizaciones y familiares denunciaron atrasos en pagos, aranceles insuficientes y riesgo de cierre o reducción de servicios. También reclamaron que la emergencia se prorrogue hasta diciembre de 2027.
Para una familia que necesita psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, transporte, apoyo escolar o un centro especializado, una modificación administrativa puede convertirse rápidamente en un problema cotidiano: una prestación que deja de estar disponible, un profesional que ya no puede sostener el valor de su trabajo o una institución que reduce sus servicios.
Por eso, la discusión sobre discapacidad tiene una dimensión que muchas veces queda escondida detrás de las cifras: la continuidad de los tratamientos depende de que todo un entramado pueda sostenerse económicamente.
El Congreso vuelve a tener la palabra
La discusión parlamentaria continúa. El 16 de septiembre, las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda recibieron a más de 20 especialistas y representantes de distintas regiones del país para debatir la prórroga de la emergencia. La comisión prevé avanzar hacia un dictamen en los próximos días.
Pero el escenario se volvió más complejo con el Presupuesto 2027, porque mientras una parte del Congreso discute cómo extender la emergencia, el proyecto enviado por el Ejecutivo propone modificar varios de los mecanismos que sostienen actualmente el sistema.
Así, la discapacidad vuelve a quedar en el centro de una discusión mucho más profunda: qué lugar ocupa la protección social en el Estado y qué sucede cuando el ajuste presupuestario llega a prestaciones de las que dependen personas que no pueden simplemente dejar de recibirlas.
En Salta, como en tantas provincias, la respuesta no se mide solamente en una planilla de gastos. Se mide en tratamientos que continúan, instituciones que pueden abrir sus puertas, profesionales que pueden seguir trabajando y familias que no quedan solas frente a una necesidad permanente.
Y esa es, justamente, la dimensión humana de una discusión que lleva demasiado tiempo sin encontrar una respuesta definitiva.
