José Eduardo “Jota” Figueroa, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras, fue encontrado sin vida este lunes en una celda de la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Salta. La Justicia había determinado en abril que era responsable del asesinato de su esposa, ocurrido en agosto de 2023 en el barrio El Tipal. La investigación sobre las circunstancias de su muerte quedó ahora en manos de la Fiscalía.
Una mujer asesinada y una familia que quedó marcada para siempre
Mercedes tenía 37 años cuando fue asesinada. Durante el juicio aparecieron testimonios que describieron una relación atravesada por conflictos y episodios de violencia. Una trabajadora del hogar relató incluso haber presenciado situaciones en las que Figueroa la zamarreó y empujó, mientras otros testimonios describieron un contexto de desigualdad, sometimiento y violencia sostenida.
Esto resulta fundamental para comprender qué significa hablar de femicidio desde una perspectiva de género: no se trata solamente del asesinato de una mujer, sino de una violencia que puede desarrollarse progresivamente dentro de relaciones marcadas por control, dominación y desigualdad.
Los números muestran que no son casos aislados
En Argentina, la violencia femicida continúa siendo una problemática estructural. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina identificó 200 víctimas directas de femicidio durante 2025, según los datos de la Corte Suprema. La cifra equivale, en promedio, a una mujer asesinada por razones de género cada 44 horas.
Y durante los primeros meses de 2026, los relevamientos de organizaciones especializadas volvieron a mostrar una situación alarmante: hasta el 24 de mayo se habían registrado 99 víctimas fatales de violencia machista, entre ellas 83 femicidios directos.
Detrás de cada número hay una historia, una familia y una comunidad que debe aprender a vivir con una ausencia que pudo haber sido evitada.
La Justicia condena, pero también debe prevenir
El caso de Figueroa tiene una particularidad importante: la Justicia sí llegó a una condena contundente. El 30 de abril fue condenado a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.
Por eso, sería incorrecto utilizar este caso para afirmar que la Justicia no condenó al femicida. Lo que sí permite preguntarnos es algo más profundo: ¿cuántas situaciones de violencia necesitan llegar a un extremo irreversible antes de que las instituciones actúen?
Ese dato es contundente: no siempre el problema está en la capacidad de condenar después del crimen. También está en la capacidad de prevenir antes de que ocurra.
La propia Corte Suprema acaba de publicar un compendio de 24 sentencias sobre femicidios y allí aparecen tres casos en los que se determinó responsabilidad civil de los Estados provinciales —entre ellos Salta— por no haber actuado preventivamente antes de ataques que terminaron en muertes.
El “descuido” también puede ser institucional
Hablar de descuido no significa responsabilizar a las víctimas ni asumir que todos los femicidios pudieron evitarse. Significa preguntarnos si las instituciones detectaron las señales de violencia, si existieron denuncias o alertas, si las medidas de protección fueron suficientes y si hubo coordinación entre los organismos responsables.
La violencia de género rara vez comienza con el asesinato. Muchas veces existe antes una cadena de señales: amenazas, aislamiento, control económico, violencia psicológica, agresiones físicas, hostigamiento o manipulación.
Cuando esas señales existen y no son tomadas en serio, la omisión institucional puede convertirse en parte del problema.
No alcanza con castigar al asesino
Una sociedad verdaderamente comprometida contra los femicidios no puede medir su eficacia únicamente por la cantidad de condenas obtenidas.
La verdadera pregunta debería ser cuántas mujeres pudieron ser protegidas antes de convertirse en una estadística.
Eso requiere una Justicia con perspectiva de género, fuerzas de seguridad capacitadas, equipos interdisciplinarios suficientes, medidas de protección que realmente se cumplan y políticas públicas sostenidas para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia.
Mercedes no puede quedar reducida a un expediente
La muerte de Figueroa cierra de una manera inesperada el recorrido penal de este caso, pero no modifica la tragedia original: Mercedes fue asesinada y sus hijos quedaron sin su madre.
La condena que recibió su femicida fue una respuesta judicial. La discusión que queda para la sociedad es mucho más grande.
Porque cada vez que una mujer muere por violencia de género deberíamos preguntarnos no solamente quién la mató y qué pena recibió, sino también qué señales existieron antes, qué instituciones pudieron intervenir y qué faltó para que esa vida pudiera ser protegida.
La justicia después del femicidio es necesaria. Pero una política de Estado verdaderamente eficaz debería conseguir que cada vez sean menos las familias que tengan que esperar una sentencia para sentir que alguien finalmente escuchó.
