reciente informe nacional reveló que una parte significativa de las mujeres víctimas de femicidio había buscado ayuda antes de ser asesinada. Habían denunciado, pedido protección o intentado romper el círculo de violencia, pero las respuestas institucionales no lograron evitar el desenlace.
Los datos muestran que cerca del 14% de las víctimas había realizado denuncias previas contra sus agresores. Además, varios de los responsables ya contaban con restricciones de acercamiento o medidas judiciales vigentes al momento de cometer los crímenes.
En este contexto, Salta aparece en una situación especialmente preocupante. Según el relevamiento citado, la provincia registra una de las tasas más altas de femicidios del país en relación con su población, una realidad que mantiene vigente el debate sobre la efectividad de los mecanismos de prevención, protección y acompañamiento para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.
Detrás de cada número hay historias atravesadas por el miedo, la incertidumbre y, muchas veces, la soledad. Las estadísticas reflejan que la mayoría de los femicidios ocurre en ámbitos íntimos: dentro de las viviendas y en contextos donde el agresor es o fue pareja de la víctima.
La problemática también se refleja en el volumen de denuncias que se registran en la provincia. Informes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres indican que una proporción importante de las presentaciones realizadas en Salta están vinculadas a situaciones de violencia familiar o de género, evidenciando la magnitud de un fenómeno que atraviesa distintos sectores sociales.
Especialistas y organizaciones que trabajan en la temática sostienen que la denuncia es una herramienta fundamental, pero advierten que por sí sola no garantiza la protección de las víctimas. El desafío sigue siendo fortalecer las redes de asistencia, agilizar las respuestas judiciales y asegurar el cumplimiento efectivo de las medidas de resguardo.
A más de una década de Ni Una Menos, la pregunta continúa interpelando a toda la sociedad: cómo transformar las denuncias en protección real y evitar que quienes se animan a pedir ayuda queden nuevamente expuestas al peligro.
