El juicio contra el médico salteño Ricardo Javier Fernández, acusado de abuso sexual se reanuda este martes, después de más de seis años desde la denuncia. La denunciante cuestionó nuevos pedidos de pericias psicológicas y planteos que, según sostiene, podrían prolongar el proceso. El caso vuelve a poner en discusión una deuda institucional: una Justicia que debería proteger a las víctimas no puede convertirse en otro espacio de sufrimiento.
Constanza Lee denunció a su expareja, el médico Ricardo Javier Fernández, en julio de 2020. Lo acusa de abuso sexual con acceso carnal continuado durante los años de convivencia matrimonial. Después de una larga espera, el juicio oral comenzó el 10 de noviembre, pero la primera jornada estuvo atravesada por planteos procesales, demoras y una posterior suspensión hasta este martes 17.
La mujer manifestó su preocupación por la posibilidad de que el proceso vuelva a extenderse. Según relató a El Tribuno, durante la audiencia hubo un pedido de juicio abreviado y un planteo para modificar la calificación legal de los hechos. También cuestionó que se solicite nuevamente una pericia psicológica, pese a que ya habría atravesado dos evaluaciones anteriores.
La denunciante sostiene que estos requerimientos pueden resultar revictimizantes y recuerda que planteos similares habían sido rechazados por ese motivo. Su reclamo es concreto: que no se la obligue a transitar una y otra vez por instancias que profundizan el desgaste emocional y que el juicio pueda terminar durante 2026.

Foto: El Tribuno
La revictimización también puede venir de las instituciones
La violencia no termina necesariamente cuando una persona logra denunciar. Para muchas víctimas, el recorrido judicial implica volver a relatar los hechos, someterse a evaluaciones, enfrentar cuestionamientos y esperar durante años una respuesta.
Cuando los procedimientos no se realizan con perspectiva de género, cuando se repiten intervenciones que podrían evitarse o cuando las demoras no tienen una explicación clara, el propio sistema puede convertirse en una fuente de sufrimiento.
La revictimización institucional no es un concepto abstracto: tiene consecuencias concretas sobre la salud emocional, la vida familiar y la posibilidad de reconstruir un proyecto de vida. Cada nueva postergación puede significar volver a prepararse para declarar, enfrentar la incertidumbre y sostener una espera que parece no terminar.
En este caso, Lee contó que sus hijos también debían declarar y que la suspensión implicó para ellos un nuevo desgaste emocional. La familia lleva más de seis años atravesando un proceso que todavía no llegó a una resolución.
¿Por qué algunos procesos avanzan y otros parecen interminables?
El caso también abre una discusión necesaria sobre los tiempos de la Justicia. Hay procedimientos que encuentran respuestas rápidas, mientras que otras causas, especialmente aquellas vinculadas con violencia de género y delitos sexuales, parecen quedar atrapadas durante años en trámites, planteos y nuevas instancias.
No toda suspensión constituye una irregularidad: el derecho de defensa debe garantizarse y las decisiones procesales tienen que respetar las reglas vigentes. Pero ese derecho no puede utilizarse como excusa para naturalizar demoras injustificadas ni para trasladar todo el costo emocional del proceso a quien denuncia.
Cuando una causa se prolonga durante años, corresponde preguntar qué ocurrió, qué medidas se tomaron, por qué hubo demoras y quién debe responder por ellas. Y cuando existen decisiones que parecen acelerar algunos expedientes mientras otros permanecen estancados, la transparencia y la explicación pública son indispensables para sostener la confianza social.
La igualdad ante la ley también significa que todas las personas tengan derecho a una respuesta judicial en un plazo razonable, sin que su acceso a la justicia dependa de su poder económico, sus vínculos o su capacidad para sostener una batalla judicial prolongada.
Una Justicia que no debería exigir más sufrimiento para escuchar
La perspectiva de género exige que las instituciones comprendan las particularidades de estos casos y eviten prácticas que expongan innecesariamente a las víctimas. No significa anticipar culpabilidades ni quitar garantías al acusado: significa investigar con seriedad, respetar el debido proceso y proteger la dignidad de todas las personas involucradas.
Fernández niega las acusaciones y será el tribunal el que deberá evaluar las pruebas y determinar las responsabilidades correspondientes. La presunción de inocencia debe mantenerse hasta que exista una sentencia.
Pero hay algo que no debería quedar sujeto a discusión: denunciar no puede convertirse en una condena a esperar indefinidamente. La Justicia tiene la obligación de investigar, garantizar derechos y resolver en tiempos razonables.
Cuando una víctima tiene que volver una y otra vez sobre su dolor para conseguir que el Estado la escuche, algo está fallando. La Justicia no puede ser otra forma de violencia: debe ser el lugar donde los derechos se hagan efectivos y donde la búsqueda de verdad no implique una nueva condena para quien denuncia.