La Cámara de Diputados dio media sanción al denominado «Súper RIGI», un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que promete atraer inversiones millonarias a través de un amplio paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Para sus defensores, se trata de una herramienta para captar industrias de alta tecnología; para sus críticos, es un nuevo régimen de privilegios que profundiza las desigualdades y limita la capacidad del Estado para regular el interés público.
La iniciativa amplía el esquema del RIGI aprobado en 2024 y está destinada a proyectos que superen los 1.000 millones de dólares en sectores como inteligencia artificial, infraestructura tecnológica, energía y otras industrias emergentes. A cambio, las empresas accederán durante 30 años a estabilidad tributaria y cambiaria, reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, exenciones impositivas y beneficios aduaneros.
Pero el debate excede lo económico. Mientras el Gobierno sostiene que sin estos incentivos las inversiones elegirán otros países, distintos sectores políticos y especialistas cuestionan que el Estado renuncie durante décadas a recursos fiscales en un contexto donde se argumenta que «no hay plata» para jubilaciones, universidades públicas, salud o programas sociales.
Otro de los puntos más controvertidos es que el proyecto habilita a las empresas adheridas a recurrir a tribunales internacionales, como el CIADI, para resolver eventuales conflictos con el Estado argentino. Para los detractores de la iniciativa, esto implica trasladar decisiones estratégicas fuera de la Justicia nacional y limitar la capacidad de futuros gobiernos para modificar las reglas sin exponerse a millonarios litigios.
La oposición también cuestionó que el régimen no identifica con precisión qué empresas se verán beneficiadas. Durante el debate parlamentario se advirtió que el proyecto fue diseñado para un reducido grupo de grandes corporaciones tecnológicas y que establece un esquema de excepción difícil de encontrar en otras actividades productivas del país.
La discusión reabre un viejo interrogante sobre el modelo de desarrollo que busca la Argentina: ¿hasta dónde debe ceder el Estado para atraer inversiones? Mientras miles de pequeñas y medianas empresas continúan afrontando una elevada carga tributaria, dificultades para acceder al crédito y una fuerte caída del consumo, el Congreso acaba de avanzar con un régimen que reserva sus mayores beneficios para emprendimientos de escala global.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto pasará ahora al Senado. Allí volverá a debatirse una iniciativa que no solo propone incentivos económicos, sino que también instala una discusión de fondo: quiénes son los principales beneficiarios de las políticas públicas y cuál es el costo que la sociedad está dispuesta a asumir para atraer grandes capitales.
