No alcanzó la mayoría automática ni el discurso de «menos Estado». Cuando la reforma de la Carta Orgánica de la ciudad de Salta puso en riesgo el rol municipal en una de las actividades que más empleo genera, fue el propio sector turístico el que obligó a La Libertad Avanza a dar marcha atrás. La presión de cámaras empresarias, operadores y referentes del turismo terminó desarmando uno de los artículos más polémicos impulsados por el bloque libertario.
La propuesta original modificaba el artículo referido al turismo para reducir la intervención del municipio a un papel meramente complementario, limitando su participación frente a la iniciativa privada. En otras palabras, el Estado dejaba de ser un actor central en la promoción, planificación y desarrollo de una actividad que sostiene el trabajo de miles de familias salteñas.
La reacción fue inmediata. Desde el sector turístico advirtieron que una provincia como Salta no construyó su posicionamiento nacional e internacional por generación espontánea ni únicamente por la inversión privada. La promoción de destinos, la organización de eventos, la infraestructura, el ordenamiento urbano y los controles sobre la informalidad son políticas públicas que requieren un Estado presente y articulado con el sector privado.
Lo llamativo es que el primer freno a la lógica libertaria no llegó desde la oposición política, sino desde empresarios que habitualmente reclaman menos burocracia, pero que esta vez advirtieron que llevar el dogma del «Estado ausente» hasta sus últimas consecuencias podía convertirse en un golpe para una de las principales economías de la ciudad. La realidad terminó desmintiendo uno de los pilares discursivos de La Libertad Avanza: hay sectores estratégicos donde el mercado, por sí solo, no alcanza.
La presión fue tal que la Convención Municipal debió modificar incluso su reglamento interno para volver sobre un artículo que ya había sido aprobado, una situación poco frecuente que dejó expuesta la improvisación del oficialismo y la falta de diálogo previo con quienes conocen el funcionamiento cotidiano de la actividad turística.
El episodio también dejó al descubierto una contradicción difícil de ignorar. Mientras el Gobierno nacional insiste en que el turismo debe convertirse en un motor para el ingreso de divisas, en Salta los representantes libertarios intentaron quitarle al Estado herramientas para fortalecer justamente esa industria. La discusión ya no fue ideológica: pasó a ser económica. ¿Quién promociona un destino? ¿Quién sostiene la infraestructura? ¿Quién combate la informalidad cuando el mercado no lo hace? Las respuestas llegaron desde el propio sector empresario.
La marcha atrás no significa un cambio de rumbo en la visión política de La Libertad Avanza, pero sí representa su primer gran repliegue desde el inicio de la reforma de la Carta Orgánica. Una señal de que incluso quienes suelen acompañar las políticas de desregulación encuentran un límite cuando las recetas de ajuste amenazan una actividad que genera empleo, mueve la economía local y forma parte de la identidad salteña.
