Desmontes, incendios, inundaciones y negocios: la otra cara de un modelo que avanza sobre los territorios
La autorización para intervenir casi 80.000 hectáreas de monte nativo en Salta volvió a encender las alarmas sobre un problema que ya no puede analizarse como una sucesión de hechos aislados. Los pedidos para desmontar nuevas superficies se producen en una provincia que, desde hace décadas, enfrenta conflictos por el avance de la frontera productiva, los emprendimientos inmobiliarios y la explotación intensiva de los recursos naturales. Mientras tanto, las consecuencias ambientales y sociales recaen, una y otra vez, sobre las comunidades que habitan esos territorios.
El monte no es un obstáculo: es una barrera natural
Cada hectárea de bosque nativo cumple funciones que van mucho más allá del paisaje. Los árboles absorben agua, fijan los suelos, regulan las temperaturas y disminuyen la velocidad con la que avanzan las lluvias intensas.
Cuando esos ecosistemas desaparecen, también desaparece esa protección natural. El agua encuentra menos obstáculos para escurrir, aumenta la erosión, los ríos modifican su comportamiento y las inundaciones comienzan a impactar con mayor fuerza sobre las poblaciones rurales y las comunidades indígenas.
Las consecuencias rara vez aparecen de inmediato. Se acumulan durante años hasta convertirse en catástrofes que luego suelen atribuirse únicamente al clima.
Las comunidades pagan el costo del «desarrollo»
En el norte salteño, las inundaciones dejaron en reiteradas oportunidades comunidades aisladas, viviendas destruidas y familias enteras dependiendo de asistencia estatal para sobrevivir.
Paradójicamente, quienes menos responsabilidad tienen sobre la degradación ambiental son quienes terminan enfrentando sus peores consecuencias. Pueblos originarios, pequeños productores y familias rurales ven cómo los caminos desaparecen bajo el agua, mientras los servicios básicos dejan de funcionar y el acceso a la salud o la educación queda interrumpido.
La naturaleza deja de cumplir su función protectora cuando el territorio pierde su equilibrio.
Incendios, desmontes y cambios de uso del suelo
Cada temporada de incendios reabre otra discusión incómoda. Aunque las causas de cada foco deben ser determinadas por las investigaciones correspondientes, organizaciones ambientales y especialistas vienen advirtiendo desde hace años sobre la necesidad de controlar con mayor firmeza los cambios de uso del suelo posteriores a los incendios y las autorizaciones para desmontes.
La preocupación radica en que un territorio degradado resulta mucho más vulnerable a nuevos procesos de explotación si los controles estatales son insuficientes.
Por eso, distintos sectores sostienen que prevenir no significa solamente combatir el fuego cuando aparece, sino también fortalecer la fiscalización antes y después de cada intervención sobre el monte.
El problema no termina cuando cae el último árbol
En muchas oportunidades, las empresas obtienen importantes beneficios económicos derivados de la explotación de la tierra, mientras que los costos ambientales permanecen durante décadas.
La pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos, la disminución de fuentes de agua y el aumento de la vulnerabilidad frente a inundaciones o sequías terminan siendo asumidos por toda la sociedad.
Cuando una empresa concluye su actividad, el territorio permanece. Y es ese territorio el que deberá seguir sosteniendo la vida de quienes nunca dejaron de habitarlo.
El Estado también administra las consecuencias
La discusión no se limita al rol de las empresas. También interpela la responsabilidad de los distintos niveles del Estado.
Los gobiernos son quienes autorizan desmontes, fiscalizan el cumplimiento de la normativa ambiental, aplican sanciones cuando existen infracciones y planifican el ordenamiento territorial.
Cuando los controles resultan insuficientes, las multas demoran años en ejecutarse o las intervenciones llegan únicamente después de una tragedia, la sensación que se instala es que la respuesta estatal aparece cuando el daño ya es irreversible. En Salta, incluso existen antecedentes de desmontes ilegales cuyas sanciones permanecieron años judicializadas mientras la actividad continuó desarrollándose.
Pensar el territorio antes de lamentar la tragedia
Cada inundación, cada incendio y cada nuevo conflicto por la tierra obliga a mirar más allá de la emergencia.
La pregunta de fondo no es únicamente cuántas hectáreas se desmontan, sino qué modelo de desarrollo se construye cuando el crecimiento económico avanza sin incorporar plenamente los costos ambientales y sociales.
Porque cuando desaparece el monte no solo se pierde biodiversidad. También desaparecen barreras naturales contra las inundaciones, se debilita la capacidad del suelo para sostener la vida y aumenta la vulnerabilidad de comunidades que, una vez más, terminan enfrentando en soledad las consecuencias de decisiones tomadas muy lejos de sus territorios.
